Honduras: El primer golpe de Estado militar de Obama
Honduras: el primer golpe de Estado militar de la administración Obama El SouthCom toma el poder en un Estado del ALBA por Thierry Meyssan* Honduras suscitó la
cólera de Washington al rebelarse contra la presencia militar estadounidense e incorporarse al ALBA. Militares formados en la Escuela de las Américas y dirigidos por consejeros estadounidenses
derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y pusieron en el poder a quien había sido su rival de siempre en el seno del partido liberal, Roberto Micheletti. Thierry Meyssan hace un
recuento de los objetivos de este enfrentamiento y señala la voluntad de la administración Obama de retomar el control de América Latina. 3 de julio de 2009 Desde Beirut (Líbano) Herramientas
Imprimir Enviar Todas las versiones de este artículo: français Países Honduras Temas «Golpes suaves»: acción secreta, espionaje Control de la América Latina Barack Obama el «cambio» de la
oligarquía USA JPEG - 20.3 KB Roberto Micheletti, presidente del Congrès y eterno rival de Manuel Zelaya en el Partido Liberal, saluda a los diputados que acaban de designarlo como nuevo
presidente de Honduras. _________________________________________________ Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera desembocar en un golpe de Estado militar.
Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la administración Bush había sobornado recientemente a un grupo de militares para que derrocaran al presidente constitucional
de Venezuela (el 12 de abril de 2002) [1] y había utilizado a sus propias fuerzas especiales para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 2004) [2]. Pero los
comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública internacional que Estados Unidos había cambiado y
que había renunciado a su ambición imperial. __________________________________________________ La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República Federal de América Central
(Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de
recursos naturales especialmente importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para controlar la zona. Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó
Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los
«contras» nicaragüenses y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua,
representaba no tanto un problema en sí como un verdadero peligro de «contaminación». ¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan grande como para que Washington
decidiera recurrir nuevamente a los viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos sus esfuerzos propagandísticos? La presidencia de Maduro y las elecciones de 2005 Al igual que el
resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de las maras (pandillas). La más conocida es la Mara Salvatrucha. Se trata de bandas de niños manipulables debido a su dependencia de la
droga y organizados mediante ritos místico-criminales [3]. Sus miembros se entregan a todo tipo de violencias, alcanzando a veces un inusitado grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar
verdaderas masacres. En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó electo bajo la promesa de luchar contra el crimen. Su propio hijo, de 25 años, había sido secuestrado,
torturado y asesinado, y su funeral se había convertido en una verdadera manifestación de carácter nacional. Al llegar a la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares operaciones de lucha
contra las pandillas. También reforzó el arsenal de la policía y sacó a los militares de los cuarteles para que ayudaran a los policías. Con el apoyo de la democracia cristiana, Maduro logró la
adopción de una ley que castigaba con un mínimo de 5 años de prisión el solo hecho de ser miembro de una mara. Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y Salvador, la
Corte Constitucional hondureña decidió invalidarla porque comprometía la responsabilidad individual por asociación en casos de crímenes que el acusado no había cometido. La aplicación de aquella
ley había dado lugar a un gigantesco aumento del número de personas encarceladas, lo cual se provocó a su vez sangrientos motines en las prisiones. En definitiva, como aquella ley no abordaba las
causas sociales del fenómeno, ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la criminalidad. En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, «Pepe» Lobo, consideraba que sólo una
guerra podía acabar con las maras. Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de un referéndum que contemplaría además la posibilidad de pronunciar penas de muerte colectivas contra
las pandillas, a pesar de que un estudio realizado en Salvador ya había demostrado que el 51,9% de los criminales tenían sólo entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que matar a muchos
de sus propios hijos. Mientras tanto, el candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque mucho más razonable, basado no sólo en la represión sino en la realización de verdaderos esfuerzos a
favor de la educación y de la inserción de aquellos niños en la sociedad. En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también resultaban bastante polémicos. Ex gobernador del
Banco Central y brillante hombre de negocios (concesionario de Seros y director del fondo de inversiones La Paz), Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña con el FMI y con el Club de
París. Pero, como contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el número de funcionarios, política que penalizó únicamente a la clase media. También incluyó a su país en el Acuerdo de
Libre Comercio Estados Unidos/Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política contra aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas consecuencias para los pequeños agricultores. Las excelentes
relaciones del presidente Maduro con su homólogo estadounidense George W. Bush condujeron incluso al envío de 370 militares hondureños a Irak, donde fueron destacados, junto a los españoles, en
la zona administrada por el contingente polaco. Pero, como consecuencia de la decisión de Zapatero de retirar de Irak las tropas españolas, Maduro se vio políticamente obligado a retirar también
a los soldados hondureños. Y finalmente, el mandato presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un ambiente grotesco matizado por un escandaloso divorcio. El liberal de izquierda José Manuel
Zelaya Rosales presentó entonces una atrayente alternativa. En vez de proponer el cierre de servicios públicos como medio de garantizar una importante reducción presupuestaria, Zelaya propuso una
reducción del tren de vida del Estado. Y para reforzar los ingresos del Estado, propuso facilitar el empleo en los sectores altos consumidores de fuerza de trabajo. En la lucha contra la
criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar la instrucción pública gratuita a todos los niveles de la sociedad. En 2005, en
una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron como presidente a José Manuel Zelaya, con un 49,9% de sufragios, y le garantizaron el 48,4% de los escaños en el Congreso (unicameral).
Su principal adversario, el nacionalista de derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 46,2% de los sufragios y un 42,9% de los escaños en el Congreso. Los resultados eran tan apretados que se requirió su
validación, la cual se produjo al cabo de dos semanas de espera. Tres pequeñas formaciones políticas se encontraron entonces en posición de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática,
la Democracia Cristiana y el partido Innovación y Unidad. Elección presidencial (27 noviembre 2009) Elecciones legislativas (27 noviembre 2009) José Manuel Zelaya Rosales 49,90 % de votos válidos
Partido Liberal 62 escaños Porfirio Lobo Sosa 46,2 % de votos válidos Partido Nacional 55 escaños Juan Ángel Almendares Bonilla 1,5 % de votos válidos Unificación Democrática 5 escaños Juan Ramón
Martínez 1,4 % de votos válidos Democracia cristiana 4 escaños Carlos Sosa Coello 1,0 % de votos válidos Innovación y Unidad) 2 escaños La presidencia de Manuel Zelaya Nada dejaba entrever que el
ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura política.
En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía
para fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y también sacó a la luz
el control de los militares sobre una parte de la economía [4] Pero lo más importante es que, en junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su intención de destinar al tráfico comercial la base aérea
de Soto Cano [5], en la que se encontraba un contingente estadounidense. Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de retroceder, argumentando el costo del
equipamiento necesario. Pero el presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero
su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la única estación del SouthCom fuera de Estados Unidos [6]. Y, sobre
todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia militar
estadounidense en la región. Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún acuerdo que precise el estatus de las instalaciones anteriormente mencionadas. A pesar de la fuerte
popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen. En
realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que el país enfrentaba una gran
proliferación de las maras. Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno. Washington manifestó su
irritación mediante la reducción de sus programas de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes medios para
la realización de sus planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Washington financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología
de punta que permite escanear todos los contenedores enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño. Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre
Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de un millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño,
en 1998. 78 000 de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados mediante una simple decisión
administrativa. El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar.
Se descubrió incluso que el ex director de la compañía de telefonía pública había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya. Al estallar en Estados Unidos la crisis de las subprimes y en
momentos en que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el presidente Zelaya recurre, lógicamente, a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), organización
intergubernamental promovida por Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los Estados miembros y que coordina además la realización de importantes programas de salud
pública. Esa decisión de Zelaya obtiene un fuerte apoyo popular, pero suscita inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de Maduro y por la crisis económica
mundial. El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rinde homenaje al «Guerrillero heroico» Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 000 personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al
ALBA, en presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El presidente de la República
Dominicana, Leonel Fernández, también está representado en el acto. Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes. El golpe de Estado militar Representantes del gobierno de Estados
Unidos admitieron en el New York Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para convencerlos [7] de que emprendieran esa acción.
Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (o sea, en momentos en que el golpe ya había comenzado). Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido
enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la República, y al jefe de su Estado Mayor. Pero, en la práctica, se
encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto Cano y Miami [8]. Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M.
Fraser, para darle seguimiento al golpe. En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, al igual que la
limpieza del valle de Swat, que el exterminio de los Tigres tamules o la «revolución verde» en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración Bush y posteriormente
confirmado y ejecutado por la administración Obama, a pesar de los visos de legalidad que ésta última parecía ofrecer. La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una consulta
popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces una campaña internacional
de prensa que presentaba aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato. Lo cual es totalmente falso ya que la
elección de la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución no hubiese
podido producirse sino mucho después del fin del mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente Zelaya nunca hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero, claro está, después de haber
acusado a Hugo Chávez de querer ser «presidente vitalicio», había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él también. El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó
una ley constitucional que prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no
anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma anticonstitucional. En base a esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la
organización de la consulta. El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para «rescatar» las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y revocó al jefe del
Estado Mayor por insubordinación. Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas. La
base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel Richard A. Juergens. Fue al parecer fue este mismo militar estadounidense quien dirigió el secuestro del presidente
haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de director de Operaciones Especiales del Special Operations Command. El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las 5h30 de la
mañana (hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares encapuchados [9] asaltaron la residencia del presidente Zelaya y se
lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados por lo menos 8 ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, así como otras
personalidades, como el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras). Cuando se restableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado un toque
de queda y la anulación de los oficios religiosos dominicales y de la consulta popular. Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a salir a la calle, realizaron una
reunión extraordinaria en la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya
supuestamente renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado,
el Congreso designó a su propio presidente para ocupar la presidencia de la República. Por su parte, el Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado enteramente orwelliano, que el ejército
había defendido la Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario. El Tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el presidente de la
República, el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo había hecho por orden de un juez. Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares arrestaron a los
embajadores o encargados de negocios de los Estados miembros del ALBA. El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente
Jean-Bertrand Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia. La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo
electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de Washington. La manipulación de las causas del
golpe, ocultando el asunto de la base de Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadounidenses, es muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la administración
Obama. Notas: [1] «Opération manquée au Venezuela», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 de mayo de 2002. [2] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti» y «Paris relâche le président
haïtien», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 de enero, 1º y 16 de marzo de 2004. [3] «L’extension de la Mara Salvatrucha», por Gaston Pardo, Réseau Voltaire, 2 de marzo de 2005. [4] La
democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la región. Estados Unidos garantizó que parte de la economía hondureña quedara
bajo su control indirecto, a través de los militares. [5] La base Soto Cano es la antigua base de Palmerola. Está situada al nordeste de Tegucigalpa, a 747 millas de la capital. [6] El SouthCom
es el comando estratégico de las fuerzas armadas estadounidenses encargado de garantizar el control de Latinoamérica. [7] «Honduran President Is Ousted in Coup», por Elisabeth Malkin, The New
York Times, 29 de junio de 2009. [8] El SouthCom tiene su sede en Miami, pero dispone además de una estación en Soto Cano y de puestos avanzados en Comalapa (Salvador), Manta (Ecuador) así como
en las islas de Aruba y Curazao (Antillas Holandesas). [9] El uso de pasamontañas o capuchas en este tipo de operación es inútil y contraproducente, a no ser que se trate de enmascarar la
participación de consejeros militares extranjeros. Thierry Meyssan Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del
Pentagate.
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